Reformas en la función pública
La mayoría del personal que traslade la Xunta será de los entes autónomos
La reforma prevé indemnizaciones para los casos de cambios forzosos que impliquen mudanzas de residencia
Solo la extinción de las 34 fundaciones comarcales obligará a reubicar antes de fin de año a más de 100 funcionarios
Los ajustes que el Gobierno de Feijoo introducirá de forma inminente en la legislación autonómica del empleo público, para agilizar el traslado de funcionarios y cubrir puestos sin seguir engordando la copiosa nómina de la Administración, afectarán a casi todos los departamentos de la Xunta, pero tendrán más incidencia en los chiringuitos. La extinción de las 34 fundaciones comarcales, prevista en el plan que el Ejecutivo aprobó en abril para reducir en una primera fase hasta 48 entes autónomos, obligará a recolocar antes de fin de año a más de 100 empleados.
Ese personal, adscrito a Medio Rural, representa el colectivo en el que tendrá más impacto esa movilidad que la Xunta presenta como de carácter voluntario, pero que puede derivar en traslados forzosos e incluso cambios de residencia. Así, el texto de reforma que Función Pública presentó el lunes a los sindicatos prevé que, si bien los traslados por «comisión de servizos forzosa» serán por un plazo no superior a nueve meses, también puede haber casos excepcionales que requieran la modificación de la adscripción de los puestos de trabajo. Esos cambios deberán ser aprobados por el Consello de la Xunta, después de recabar los informes correspondientes de Función Pública y de Facenda. En todo caso, los desplazamientos de los empleados que vayan más allá del cambio de departamento y que obliguen a mudar su localidad de residencia llevarán parejo el derecho a las indemnizaciones que estipula la ley para traslados forzosos. Lo que hace el Gobierno de Feijoo en ese sentido es adaptar el marco autonómico de la función pública al Estatuto Básico del Empleado Público.
En función de las necesidades
Aunque admite que las medidas con las que flexibilizará la movilidad de los funcionarios tendrán mayor repercusión sobre la Administración paralela, la Xunta sostiene que carece de estimaciones sobre el número de empleados que podrían entrar en los traslados. Asegura que dependerá de las necesidades, una vez que se estudie qué departamentos pueden carecer de personal y cuáles están sobredimensionados.
La corrección de esos casos de duplicidad entre organismos llevó al Ejecutivo a diseñar la estrategia con la que prevé el cierre o la refundición de 48 entes y sociedades públicas de los 146 de la Administración paralela. De esos 48 chiringuitos, 42 serán suprimidos. Además de las 34 fundaciones comarcales, cuya desaparición se resolverá con la aprobación de las leyes de Orzamentos y de medidas urgentes para la ordenación del territorio y del litoral, los seis entes restantes ya adoptaron acuerdos de extinción. Son las fundaciones para a Sociedade do Coñecemento, Galicia Emigración, Milenio, Galega para a Prevención de Riscos Laborais y Centro Superior Cinexético e Piscícola, y la Axencia Humanitaria.
Además de las reformas orientadas a facilitar los traslados, que la Xunta ha incorporado al borrador de la Lei de Orzamentos, la de mayor calado político es la que revierte la modificación que realizó el bipartito para que los jefes de servicio fueran nombrados por concurso y no a dedo, un cambio que nunca llegó a aplicar. Con esta medida, el Gobierno de Feijoo podrá designar con criterios políticos a unos 200 cargos más.
