PAULA PÉREZ - SANTIAGO La Xunta ha decidido poner fin a las 33 fundaciones comarcales creadas por el Gobierno de Fraga. Aunque durante años estuvieron gestionando fondos europeos, en la actualidad se han convertido en meras delegaciones de la Consellería de Medio Rural sin apenas actividad. El gabinete que dirige Samuel Juárez prepara una ley para adelgazar la administración paralela que rodea a su departamento y en la que se contempla la disolución de estos entes. Todas las líneas de actuación para el desarrollo comarcal se centralizarán en Agader –Axencia Galega de Desenvolvemento Rural– y la intención del Gobierno gallego es buscar una salida a los gerentes de las fundaciones para poder integrarlos en la Administración sin tener que echarlos a la calle.
La supresión de estas 33 fundaciones comarcales se enmarca dentro de un plan global de la Xunta para reducir el número de organismos autónomos dependientes de cada consellería. Se trataría no sólo de reducir costes dejando de financiar chiringuitos, muchos de ellos inútiles, sino también de aumentar la transparencia y el control sobre el gasto público. La intención de Medio Rural es llevar la disolución de estas entidades al Parlamento en primavera a través de una ley específica.
Ya el anterior Gobierno bipartito había intentando liberarse del lastre que supone mantener abiertas estas 33 fundaciones comarcales. Sin embargo, hasta diciembre de 2008 algunas de estas entidades estaban gestionando los fondos procedentes de la UE para el desarrollo comarcal y, por lo tanto, no podían disolverlas sin entorpecer los proyectos que se estaban tramitando en ese momento.
Finalmente el entonces conselleiro de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, optó por una reforma legal que permitía a la Xunta desvincularse de la financiación de estas fundaciones. A pesar de ello, en la práctica la Administración gallega siguió costeando estos entes, ya que los patronatos no llegaron a ponerse de acuerdo sobre quién debía asumir la financiación de los organismos comarcales.
Pero a pesar de seguir recibiendo fondos públicos, la actividad de estas fundaciones es ahora prácticamente inexistente desde 2008, ya que una normativa europea impide que estos entes sigan gestionando las ayudas europeas, lo que de esta manera los deja sin su principal cometido.
Por esta razón, según las fuentes consultadas por este periódico, la intención del actual Gobierno popular es, no sólo dejar de financiarlas, sino disolverlas. El principal problema es el personal contratado en estas fundaciones. Cuando el anterior conselleiro había anunciado que la Xunta se desvincularía de las fundaciones comarcales se desataron las protestas de los empleados que vieron amenazado su puesto de trabajo.
En cada fundación hay un gerente y cuando se tramitaban los fondos de algún programa europeo se contrataba a mayores a dos personas. En la actualidad en la mayoría de estos centros comarcales sólo queda el gerente. Por ese motivo, los esfuerzos de la Xunta se centran ahora mismo en encontrar una solución jurídica que permita a estos trabajadores integrarse en la Administración autonómica.
En Pontevedra hay siete fundaciones comarcales: la de Baixo Miño, Paradanta, Deza, Morrazo, O Salnés, Tabeirós-Terra de Montes y Caldas. En A Coruña se crearon diez, en la provincia de Lugo hay nueve y en Ourense siete.
Noticia publicada no faarodevigo.es data 22 de febreiro de 2010
